Contra la pandemia: la estrategia de la 4T

Ilustración de Francisco García González, 2020.

 

Por Alfonso Vázquez Salazar

I  No hay medio más eficaz que el miedo.

 

Decía Spinoza, citando a Quinto Curcio, que no hay medio más eficaz para controlar a la muchedumbre que el miedo. En efecto, si el objetivo de un gobierno es inmovilizar a una población para que cumpla de cualquier modo posible con ciertas disposiciones emitidas para garantizar su seguridad en alguna situación de normalidad o emergencia, entonces el recurso al temor parece ser el instrumento más idóneo para conseguirlo. Sin embargo, muchas veces el miedo no es suficiente para alcanzar tal propósito, también se requiere el uso de la fuerza para que aquél pueda ser cumplido sin mayor demora. En ese mismo orden de ideas, se podría objetar que ningún régimen político ha prevalecido con un continuo uso de la fuerza ni valiéndose del miedo como vehículo exclusivo para el control de la población: la estrategia basada en la violencia represiva establece sus propios límites.

En los tiempos de las democracias políticas no se ha presentado una ruptura tan significativa en el momento de hacer frente a este tipo de problemáticas. Parecería que estos regímenes por definición buscarían apoyarse en la población mediante el consenso o la persuasión antes que recurrir a una maniobra de carácter represivo; sin embargo, la experiencia histórica ha mostrado que están igualmente dispuestos a recurrir al uso de la fuerza y el miedo para conseguir objetivos definidos como prioritarios en el orden de la seguridad o la salud pública.

Esta cuestión lleva a la reflexión de qué es lo que distingue entonces a un gobierno democrático de otro que no lo es, porque en situaciones de emergencia, todos los regímenes políticos democráticos tienden a apelar al denominado estado de excepción, el cual, por otro lado, se encuentra plenamente instituido en sus respectivos textos constitucionales previendo situaciones extraordinarias que pudieran poner en peligro a la población o a las instituciones públicas.

Esto, desde luego, no es algo cuestionable, más allá de la forma o especificidad de un determinado régimen político lo que justifica su existencia como tal es fundamentalmente la preservación del Estado como unidad política en la que se expresa la determinación de una nación por conservarse en su ser.

Así pues, a pesar de que los regímenes políticos democráticos cuenten con esa facultad constitucional para decretar un estado de excepción, no cualquiera de ellos se encuentra en condiciones reales de aplicarla para imponer la inmovilidad absoluta de sus habitantes y paralizar de manera total al conjunto de sus actividades económicas. Para que esto sea posible, se requiere una estructura institucional y económica sumamente eficaz para cubrir todos los flancos de la seguridad nacional y garantizar el sustento alimentario de la población durante el tiempo en el que se ejerza el decreto de excepcionalidad; algo parecido a lo que hacían las ciudades o reinos medievales ante un asedio prolongado por hordas invasoras.

Por esa razón, más allá de los principales rasgos a través de los cuales se diferencie un régimen democrático de otro de carácter autoritario, es imprescindible reconocer que el recurso al estado de excepción depende de manera directa del nivel de consolidación de un Estado nacional y del nivel de homogeneización social y económica que su población presente.

Frente a una pandemia global que pone en riesgo la salud de las poblaciones de los distintos Estados nacionales no existe una estrategia única ni un modelo universal para combatirla. En primer lugar, porque es un fenómeno completamente nuevo e inesperado, y aunque se tenga registro de otras pandemias similares en el mundo desde hace aproximadamente quinientos años, las circunstancias específicas en que se da la del Coronavirus en el siglo XXI la hacen por completo diferente.

Otra razón por la cual no hay un modelo único a seguir estriba en que todas las estrategias para combatirla tienen que ajustarse a las condiciones específicas de cada país, las cuales muchas veces no sólo son distintas a las de otros, sino que constituyen casos completamente antitéticos por sus respectivos desarrollos históricos e institucionales.

II Las democracias políticas realmente existentes y el componente nacional-popular de la 4T.

 

En el caso de México, la crisis sanitaria desatada por la pandemia global del Covid-19 ha sido afrontada con una estrategia clara desde el momento en que se supo de la propagación del virus a los demás países del mundo. Si algo distingue al gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador es un vigoroso componente nacional-popular que ha sido el sustento de la gran movilización social-electoral que lo llevó al poder en julio de 2018. La Cuarta Transformación que dirige no solo rechazó desde un primer momento la posibilidad de recurrir al estado de excepción o toque de queda en México, trazando con ello una línea de demarcación con países europeos con regímenes políticos democráticos como Italia o España, sino que también resistió a la presión estadounidense para paralizar las actividades económicas y cerrar completamente las fronteras.

Esto lleva a pensar que si bien es cierto que los regímenes políticos democráticos tienen la facultad constitucional de imponer un estado de excepción en situaciones de crisis, no todos recurren a su implementación no sólo por las condiciones sociales e institucionales en las que se encuentran, sino también por la naturaleza de los componentes fundamentales que integran sus respectivos gobiernos y que definen con firmeza sus tendencias y decisiones políticas.

No es lo mismo, por ejemplo, el caso del gobierno democrático de México con una composición nacional-popular fuerte, que el de las democracias políticas europeas con un sustento popular débil como España, donde el PSOE de manera desesperada y para evitar la incorporación al gobierno de la agrupación nacionalista VOX –a la que considera como un partido de “extrema derecha”–, decidió formar un gobierno de coalición con PODEMOS, cuya ideología izquierdista más cercana a posiciones infantilistas, como decía Lenin, no sólo ha sido un obstáculo a la hora de marcar una postura clara respecto a las prioridades públicas, sino que junto con la indecisión de Pedro Sánchez han sido incapaces de articular una respuesta coherente al problema de la pandemia; o de Italia, que al no contar con ninguna fuerza política significativa en la composición de su gobierno minimizó el brote infeccioso que finalmente terminó rebasando a todas sus instituciones de salud.

Tampoco es similar al caso de Donald Trump, quien con una errática posición frente al virus que osciló entre la subestimación y la implementación tardía de medidas extremas, ejecutó una fallida estrategia para frenarlo, que lo ha puesto en una coyuntura delicada frente a las elecciones de renovación del mandato presidencial de los Estados Unidos este mismo año.

Asimismo, se pueden observar a países democráticos como Alemania cuya composición liberal de su gobierno aunado a una estructura institucional fuerte y con un elevado nivel de educación de sus ciudadanos, optó por una estrategia de combate al virus más relajada aunque enmarcada en una fuerte disciplina; y se contrasta con Francia, donde el gobierno liberal de Macron decidió recurrir a medidas extremas de aislamiento social reforzadas por la vigilancia de la fuerza pública, a pesar de contar con los recursos para afrontar la situación de crisis como Alemania. Finalmente, está el ejemplo de la nacionalista Inglaterra de Boris Johnson, aunque sin un arraigo popular tan decisivo como en México, que apostó por la estrategia de la inmunidad colectiva y a la que terminó desechando al quedar infectado por el virus el mismo primer ministro.

Con estos ejemplos, observamos una composición variada en los distintos regímenes democráticos de Occidente: unos acusan una ideología liberal articulada con una estructura institucional fuerte y con un elevado nivel de educación, mientras que otras muestran una tendencia nacionalista, aunque conservadora en lo económico y lo social; o gobiernos débiles con una ideología de izquierda difusa que se ven obligados a realizar coaliciones con otros partidos igual de extraviados ideológicamente y sin una implementación popular.

III El nacionalismo popular democrático y el vector AMLO.

 

México es una excepción en todos los regímenes políticos democráticos a los que nos hemos referido. El componente nacional-popular del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido decisivo en el momento de definir una estrategia para combatir el virus, así como para impulsar un programa de reactivación económica que privilegia a los sectores más vulnerables de la población y que constituyen la razón de ser de su proyecto político.

Este componente fundamental que no presenta ningún otro gobierno democrático en la actualidad es la herencia del nacionalismo revolucionario: la ideología política que insufló de sentido histórico al régimen emanado de la Revolución mexicana de 1910 y que orientó el programa social de la Constitución de 1917, el cual, a su vez, fue el resultado de la participación decisiva de las masas campesinas y obreras.

Esas masas trabajadoras que protagonizaron el movimiento revolucionario fueron incorporadas de lleno a la toma de decisiones del Estado mexicano en el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940) mediante su organización sectorial y el otorgamiento de posiciones a sus cuadros dirigentes en distintos espacios del sistema político (congreso, gubernaturas, aparato administrativo, etc.), sellando con ello una alianza duradera que fue el sustento del régimen posrevolucionario y que se mantuvo vigente prácticamente a lo largo de todo el siglo XX.

Este componente nacional-popular le permitió al régimen de la Revolución mexicana no sólo contar con una legitimidad política sin precedente en la historia del país, sino también avanzar en cuestiones estratégicas para la consolidación de su proyecto histórico como la nacionalización del petróleo y una política exterior independiente, así como un desarrollo económico sostenido durante tres décadas que, a pesar de la desigual distribución de la riqueza producida, benefició en términos reales a la población trabajadora, además de crear instituciones educativas, de seguridad social y salud pública que hoy todavía prevalecen y son la piedra angular para el combate del virus.

El régimen político de la Revolución mexicana entró en crisis por la contradicción en la que basaba su funcionamiento: al impulsar el desarrollo capitalista en el país apoyado principalmente por la estructura corporativa de masas creada en los años treinta por Cárdenas, terminó consolidando como grupo dominante al sector financiero de la burguesía nacional. Éste al tratar de incrementar sus privilegios mediante una aceleración de la lógica de acumulación del capital, se percató que el principal obstáculo para ello era el compromiso asumido por el Estado con las masas trabajadoras organizadas sectorialmente, por lo que buscó liquidar a toda costa ese pacto social intensificando una lucha política por la conducción del Estado adentro y fuera del sistema político.

Es en ese momento que surgen con mayor claridad las dos tendencias que disputaron el rumbo de la nación en los años ochenta: el nacionalismo revolucionario que buscaba mantener vigente el componente nacional-popular del Estado mexicano, y la corriente del neoliberalismo que intentaba limitar al máximo el influjo del pacto social de la Revolución y aliarse con los sectores del capital financiero.

Finalmente, la tendencia neoliberal se impuso y desplazó la alianza que sostenía el Estado con los sectores populares por un contubernio con los dueños del capital financiero, terminando por liquidar lo que quedaba del régimen de la Revolución mexicana y abriéndole paso a una serie de gobiernos neoliberales que impidieron a toda costa el regreso del componente nacional- popular en la toma de decisiones del Estado mexicano durante un período aproximado de 36 años.

Las centrales obreras y campesinas que sustentaron el pacto corporativo del régimen de la Revolución mexicana no se democratizaron y hoy continúan en su gran mayoría con dirigencias obsoletas y corruptas que impiden la plena libertad sindical de sus bases trabajadoras, la cual es indispensable para reorganizar al movimiento obrero y hacer valer su fuerza en la toma de decisiones. Aunque surgieron tendencias democráticas en algunos de ellos que lucharon por la reestructuración democrática de sus organizaciones y que al no lograrlo, se aliaron con otros grupos y corrientes políticas del bloque progresista de la sociedad civil para impulsar un proceso de democratización en todo el país. A ellas se sumó la corriente del nacionalismo revolucionario, derrotada por el neoliberalismo en 1988, y la cual fue el eje de una nueva articulación democrática y popular que finalmente llevó al poder a Andrés Manuel López Obrador en 2018. Esta nueva alianza democrática entre el nacionalismo revolucionario y las organizaciones sociales y populares significó una reconversión histórica del nacionalismo-popular existente en México.

Este nuevo nacionalismo-popular democrático ha impregnado, sin duda, las decisiones fundamentales respecto al manejo de la pandemia y de la economía en el país. Es cierto que desde el 1o de diciembre, el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador comenzó a tomar acciones para blindar a los sectores populares, relegados en el período neoliberal, mediante una serie de ambiciosos programas sociales que han sido ya elevados a rango constitucional. Con ello el gobierno de la Cuarta Transformación se adelantó a cualquier catástrofe sanitaria y económica, y optó por una estrategia congruente con su composición nacional-popular y democrática que no coarta las libertades, no suspende las garantías individuales y no se vale del uso político del miedo y la represión policíaca para amedrentar a la población. Por el contrario, en abierto contraste con las supuestas naciones occidentales más avanzadas en materia de democracia política, en México se siguen manteniendo las libertades políticas, de tránsito, de reunión y de asociación – estas dos últimas aunque sea de manera virtual o en espacios que no excedan las cien personas– y se apela a la libertad de conciencia y a la responsabilidad de los ciudadanos para evitar que la pandemia se expanda en el territorio nacional.

En efecto, esta estrategia hubiera sido impensable en el período neoliberal, concretamente en los gobiernos de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, quienes siempre recurrieron a la violencia represiva y al uso político del miedo no solo para controlar a la población, sino para diezmarla. Esos gobiernos no sólo derrotados moralmente sino también políticamente, carecían de la legitimidad democrática con la que cuenta en abundancia el liderazgo nacional-popular del presidente López Obrador, y, como decía lúcidamente Carlos Pereyra, cuando un gobierno no cuenta con la legitimidad suficiente, lo que verdaderamente pierde es poder, por lo que al intentar recuperarlo, el uso de la violencia represiva aumenta sobre la población con la finalidad de controlarla y recuperar el poder perdido.

Nada de eso necesita el gobierno de la 4T. Y por si eso fuera poco, ahora los rescates económicos no son para las grandes empresas ni para el sector financiero que liquidó al régimen de la Revolución mexicana: no se endeuda al país a costa de sus mayorías empobrecidas. Se mantiene un vector dirigente que es apuntado desde un renovado nacionalismo-popular democrático, y el Covid 19 es apenas una de las primeras batallas que vienen en este largo proceso de transformación de la vida pública de México y que sin lugar a dudas se van a ganar.

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Alfonso Vázquez Salazar

Nació en la Ciudad de México en 1978. Es filósofo, escritor y ensayista político. Profesor Titular “A” de Tiempo Completo Definitivo de la Universidad Pedagógica Nacional y autor del libro Perfiles Mexicanos. Ensayos sobre filosofía mexicana contemporánea (Cámara de Diputados, 2019).

http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/ce/lxiv/perfiles.pdf

Francisco García González

Nació en la Ciudad de México en 1975. Cursó la carrera de artes visuales en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). Ha trabajado en colaboración con Mercedes Machado, de Córdoba, Argentina. En 2018 participó en la exposición Impresiones de hoy, 25 artistas del mundo en el Suquet des Artistes, Cannes, Francia; participó también en la exposición inaugural del Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro (MACQ) y en la exposición Reencuentros, del Senado de la República. En 2019 organizó el Primer Encuentro de Gráfica en Querétaro y colaboró en el Festival de Estampa y gráfica Red de Faros de la CDMX. Actualmente trabaja como curador en la Coordinación de Gestión Cultural y Formación de Grupos de la UAQ.