PROPUESTAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN MATERIAL Y SOCIAL DE MÉXICO, ANTE LOS TERREMOTOS Y LA DEBACLE DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y POLÍTICO DEL PAÍS

 

Ante los estragos sociales y materiales que los terremotos de septiembre de 2017 trajeron consigo en varias entidades federativas, los firmantes de este manifiesto hacemos las siguientes propuestas para reconstruir, tanto la infraestructura como el devastado tejido social.

 

ARQUITECTURA PARA LA EDUCACIÓN

El derrumbe de escuelas evidencia la urgente necesidad de reconstruir los inmuebles, pero no con el mismo modelo, sino mediante el diseño e implementación de una arquitectura educativa que haga de los colegios, oficiales o privados, lugares seguros y apropiados para la enseñanza.

Ante la tragedia del Colegio Enrique Rébsamen, en la CDMX, al Secretario de Educación, Aurelio Nuño, sólo se le ocurrió expresar que el colegio tenía todo en orden porque exhibió los documentos delegacionales que permitían al edificio funcionar como escuela y que en esa medida a la SEP le correspondía otorgar su incorporación. Es decir que, de palabra, Nuño dio a instancias no escolares la facultad de autorizar una escuela, como si no fuera la propia SEP la responsable de la operación de la infraestructura educativa del país.

El señor Nuño nunca habló de la responsabilidad de la Secretaría que encabeza de efectuar visitas de verificación, a fin de comprobar las condiciones higiénicas de seguridad y pedagógicas que guardan las instalaciones en las que se prestan los servicios educativos, tampoco de los resultados de sus inspecciones, ni de las sanciones penales que corresponden por incurrir en falsedad, como parece ser el caso, al suceder un colapso de semejante magnitud donde se presumía seguridad.

Ante la gravedad de lo ocurrido ya no podemos ignorar los cientos de colegios particulares que funcionan en casas habitación, edificios de oficinas y hasta garajes habilitados como tales y que han sido autorizados en detrimento de la seguridad de la comunidad escolar y del desarrollo integral de los alumnos.

No podemos exigir menos que un proyecto de arquitectura para la educación, que anteceda a una norma de observancia general, pero que tome en cuenta las diferencias regionales del país. Y para ello se requiere de la participación de un equipo de arquitectos y pedagogos altamente reconocidos y especialistas de otras disciplinas.

La seguridad física de las instalaciones escolares es sólo la primera condición del proyecto arquitectónico. El objetivo superior de todo proyecto escolar debe ser el pedagógico, el desarrollo pleno de las capacidades intelectuales y físicas de los alumnos en un contexto estimulante para su formación social y espiritual, cuyos beneficios se vean reflejados en toda la sociedad.

 

DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS EN INMUEBLES

Lo sucedido el pasado 19 de septiembre también nos obliga a repensar los contenidos de las normatividades que no responden al interés común, ni ponen por delante la seguridad de la ciudadanía. Uno de estos contenidos es el relativo al plazo de garantía para los defectos o vicios ocultos de los inmuebles que se adquieren, el cual es de un año a partir de que se entrega el bien inmueble, según el artículo 2149 del Código Civil de la Ciudad de México. Este plazo es a todas luces insuficiente para detectar deficiencias que puedan derivar en afectaciones o colapsos como los ocurridos a cientos de edificios y que acabaron con la vida o la integridad de cientos de personas y familias.

Las empresas o agentes constructores de bienes inmuebles deben asegurar que la construcción cuenta con las condiciones y estándares de calidad necesarios para garantizar de por vida la seguridad de las personas que los habitarán o harán uso de ellos y, en caso de no ser así, responder por ello. Se requiere establecer un plazo diferenciado de garantía en la adquisición de bienes inmuebles que responda al tipo de instalación, al lapso de tiempo pertinente para observar los vicios o defectos ocultos y al tipo de riesgo al que quedan expuestos los habitantes:

Para atender esta problemática se hacen las siguientes propuestas:

• Las garantías de seguridad estructural no deben tener vigencia. Los agentes constructores deben asegurar que los bienes inmuebles no van a colapsar o sufrir daños irreparables a lo largo de la vida útil del inmueble por causas imputables a la construcción (establecida esta última mediante un dictamen especializado). Para el caso específico de los sismos, se propone que un equipo de personas expertas definan el límite de intensidad o características de los sismos en el que ninguna constructora puede garantizar la seguridad del inmueble, de tal forma que ante cualquier sismo de menor intensidad o gravedad que el establecido en dicho límite, dichos agentes constructores respondan por los daños generados en caso de colapso o daño grave del inmueble, esto por todo el lapso de vida útil del inmueble.

• En caso de que se presente un sismo cuya intensidad o gravedad sea superior al límite establecido por el grupo de expertos/as, se propone que responda un seguro de vivienda que sea regulado por el Estado para que su costo, condiciones y características responda al interés ciudadano y no a los intereses de las empresas financieras.

• En el caso de cancelería, acabados o recubrimientos: un año.

• En el caso de instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias y toda clase de tuberías hidráulicas o de gas: 3 años.

• En complemento de lo anterior, se requiere que los agentes constructores definan claramente por escrito el tipo de mantenimiento que requieren los inmuebles construidos a fin de asegurar su vida útil en óptimas condiciones, y que la Procuraduría Social promueva y vigile el correcto mantenimiento de dichos bienes inmuebles por parte de las y los inquilinos.

 

Con estas propuestas se busca que las constructoras aseguren la calidad y seguridad de los inmuebles que construyen, que se imponga el interés de la ciudadanía por sobre los intereses de las empresas privadas y que se generen los mecanismo adecuados para hacer frente a las verdaderas catástrofes naturales.

INCLUSIÓN DE LAS COMUNIDADES OTOMÍES EN LA CDMX

El temblor no sólo provocó que afloraran las muestras de solidaridad sino también las injusticias sociales y la discriminación. Tal es el caso de lo que han vivido los migrantes indígenas otomíes asentados en predios irregulares de las colonias Roma y Juárez de la Ciudad de México. En tres de esos predios (Durango 119, Guanajuato 200 y Roma 18), las construcciones sufrieron severos daños y sus habitantes tuvieron que salir del lugar por el latente riesgo de desplome. El temor de ser despojados de lo poco que tienen y de quedarse sin un lugar donde habitar, los obligó a asentarse en los alrededores, provocando reacciones de diversa índole, en particular en Roma 18, colonia Juárez: solidaridad y discriminación entre los vecinos; indiferencia entre las autoridades de la ciudad; y codicia, por parte de los oportunistas que buscan apropiarse del terreno de mil 800 metros cuadrados. Desgraciadamente, conforme pasa el tiempo, las condiciones económicas y de salud de los indígenas se deteriora y la inconformidad de los vecinos se acrecienta exacerbando la discriminación principalmente hacia los niños.

Es urgente una pronta respuesta de las autoridades para solucionar esta situación; se requiere la inmediata demolición de las construcciones y la limpieza del predio para que sus habitantes puedan ingresar y reconstruir sus viviendas. Con ello se disminuirá la gran presión que hay en la zona y se podrá regresar más rápido a su normalidad. El siguiente paso es llegar a acuerdos con las instancias de gobierno correspondientes para que le construyan a las comunidades migrantes viviendas dignas en los predios que ocupan desde hace años.

PROTECCIÓN CIVIL

Evitar la pérdida de vidas y afectaciones a viviendas e infraestructura es el objetivo y razón de ser de los sistemas de protección civil del mundo. Desde 1985, los gobiernos mexicanos han gastado miles de millones de pesos en legislación, instalaciones, capacitaciones y en el Fondo de Desastres Naturales, con los cuales, en teoría, deberíamos contar (sociedad y gobierno en conjunto)  con la capacidad para hacer frente a cualquier tipo de fenómeno destructivo, con un índice mínimo de pérdidas. A 32 años, y luego de la catástrofe que de manera doble hoy representa el 19 de septiembre, este colectivo ciudadano exige la revisión y actualización de los instrumentos legales y administrativos con los cuales se opera la Ley General de Protección Civil, además de la rendición de cuentas por parte de la Secretaría de Gobernación y el CENAPRED, así como de las autoridades estatales, locales y de la Ciudad de México, sobre cómo han utilizado el gasto en materia de prevención de desastres.

El Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018 señala que a partir de 2013 se implementaría la estrategia “México Seguro Frente a Desastres”, que consistiría en acuerdos y convenios para que las dependencias federales se comprometieran a registrar, compartir información, verificar y mejorar los estándares mínimos de seguridad de la infraestructura de su sector en materia de ubicación geoespacial, seguridad estructural, aspectos integrales de riesgo y aspectos funcionales en la respuesta a emergencias. Asimismo, los documentos señalados contendrían las especificaciones para corroborar y evaluar su cumplimiento e informar a la población. A tres años del arranque de dicha estrategia no tenemos información de las medidas que se tomaron, de los resultados evaluados, ni de los motivos del evidente fracaso.

En lo que se refiere al papel de CENAPRED en materia de prevención y mitigación, así como de capacitación y difusión de las medidas de preparación y autoprotección consideramos que no basta con publicar tips por Internet o financiar costosas investigaciones no siempre están vinculadas a las políticas públicas. Además de la rendición de cuentas, requerimos el diseño de protocolos de actuación ante sismos y que sus campañas de prevención sean más claras, sustentadas y tengan una mayor presencia en medios.

Es preocupante que los tiempos oficiales en radio y televisión y los recursos públicos destinados para promover programas de interés social, como puede ser el caso del Programa Nacional de Protección Civil, se hayan dedicado a promover la figura presidencial en detrimento de las obligaciones del Estado de reducir la vulnerabilidad ante la presencia de uno o varios agentes perturbadores, que como hemos visto, han ocurrido de manera simultánea en el país, sin que se tenga la capacidad de respuesta por parte de las autoridades competentes. Esto, independientemente de que su intervención no cuente con la confianza pública, gracias a que convirtió la catástrofe y el dolor generalizado en un espectáculo televisivo.

Lo que proponemos en esta materia es, en primer lugar, que los gobiernos locales (incluyendo el de la ciudad de México) efectúen audiencias públicas de rendición de cuentas respecto del uso de recursos de protección civil. En segundo lugar proponemos que personal especializado diseñe una campaña permanente de difusión que contribuya a generar una cultura de protección civil, a partir del Atlas de riesgos actualizados y en acceso público.

 

PARTICIPACIÓN CIUADADANA

El modelo de gestión pública basado en cooptar y utilizar clientelarmente la participación ciudadana ha generado que las políticas públicas no sólo sean ineficaces, sino que cada vez generen más problemas que los que se requiere solucionar.

La corrupción, impunidad, opacidad e ineficacia que hoy caracteriza el ejercicio del gobierno local, estatal y federal, ha generado que los efectos de los sismos sean más devastadores y mortíferos. Parte del problema es que los mecanismos ciudadanos de control institucional, lejos de prevenir y sancionar la mala actuación del funcionariado, así como recomendar enmiendas normativas y acciones correctivas y efectivas, se han hecho cómplices del desgobierno y de la simulación que sólo acrecienta la tragedia y prolonga el estado de crisis nacional.

Ante la destrucción causada por los sismos, se deben implementar mecanismos efectivos para incorporar la participación de la sociedad civil para que vigile el adecuado cumplimiento de las obligaciones gubernamentales en la reconstrucción, así como informe a la sociedad sobre los resultados de gobierno, sus problemas y alternativas de solución. Toda política (programa, iniciativa, acción) pública gubernamental debe tener como parte de sus esquemas de gestión la existencia de consejos de participación ciudadana que cuenten con recurso público para dar seguimiento a la planeación, programación, presupuestación y ejecución de las políticas públicas, así como para decidir la realización de evaluaciones, cuyos resultados y recomendaciones deberían ser de obligada consideración por parte de los empleados públicos responsables.

Dichos Consejos deben ser conformados por especialistas, académicos, integrantes de organizaciones sociales expertas e independientes del gobierno, todos ellos electos mediante un proceso de selección organizado por redes de la propia sociedad civil organizada, por medio de las cuales deberán rendir cuentas a la sociedad en su conjunto.

Estos Consejos deben ser la base para una reconstrucción democrática, transparente y participativa de la infraestructura social como también de la reconstitución del tejido social, desecho por las políticas de corrupción institucionalizada; deben erigirse como espacios de vigilancia y participación ciudadana que coadyuve en la toma de decisiones y vigile el uso de recursos para ese fin a nivel local, estatal y nacional.

 

EPADEQ A.C., CIDES IAP, FELIPE ZERMEÑO LÓPEZ, CARMEN RUIZ, MIGUEL VALDERRAMA, LIZA COVANTES, JESÚS GUZMÁN, MARISOL SILVA, SONIA BRICEÑO, MARTHA NÚÑEZ, EMILIANO DOMÍNGUEZ, ALEJANDRO VALDERRAMA.